SENTENCIA UNÁNIME: 11 AÑOS DE PRISIÓN

En Lomas de Zamora, a los trece días del mes de abril del año dos mil nueve, siendo las 15:30 horas, se constituye el Tribunal en lo Criminal Nº 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, integrado por los Doctores Guillermo Federico Puime -en ejercicio de la Presidencia-, Pedro Dardo Raúl Pianta y María del Carmen Mora, en dependencias del Tribunal a efectos de dictar VEREDICTO en los términos del artículo 371 del Código de Procedimientos en materia Penal, en la I. P. P. 728.828 (registro de esta sede 3015/5) seguida a José Segundo Lienqueo Catalán en orden al delito de homicidio. Practicado el sorteo de Ley, resultó del mismo que debía observarse el siguiente orden de votación: Doctores Puime – Pianta – Mora, planteándose así las siguientes

CUESTIONES
PRIMERA: ¿Se encuentra probada la existencia del hecho materia del juicio?
A la cuestión planteada, el Doctor Puime dijo:
Con los elementos de prueba producidos a lo largo de las jornadas del juicio y las piezas incorporadas al debate por su lectura o exhibición, entiendo que ha quedado legalmente acreditado que, con fecha 3 de diciembre de 2006, siendo aproximadamente las 03:00 horas, en la puerta de ingreso a la discoteca denominada “La Casona”, ubicada en la calle 25 de Mayo entre Del Valle Iberlucea y la Avenida Hipólito Yrigoyen de la localidad y partido de Lanús, una persona de sexo masculino y mayor de edad, empleado del comercio en función de portero, dirigió dos violentos puñetazos al mentón y el rostro de Martín Castellucci quien, al impactarlo por segunda vez cae al piso, causándole lesiones de una entidad tal que determinaron su muerte.
Las circunstancias de tiempo y lugar, así como el desenlace fatal del hecho descripto no han sido controvertidos por las partes.
Se incorporó una ficha de la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Lanús obrante a fs. 102 de la causa en la que consta un pedido de asistencia por parte de una persona llamada Ezequiel y la atención de un joven en la puerta de “La Casona” siendo las 03:08 horas, que evidenciaba estar descompuesto con sangrado nasal y diagnóstico presuntivo de traumatismo de cráneo, trasladándoselo al Hospital Evita de esa localidad.
Ezequiel Matías Aguilar dijo ante el Tribunal haber sido la persona que llamó a la ambulancia aquella madrugada del 3 de diciembre, cuando circulaba por el frente de la discoteca mientras Martín -así se refirió a la víctima- estaba sobre un cantero con sangre en su cara, sus ojos como en blanco y el abdomen tembloroso, sin poder hablar. Recordó que un chico que se presentó como amigo de aquél le pidió que los auxiliara.
El referido amigo de la víctima resultó ser Nahuel Sebastián Arroyo quien relató al Tribunal que aquella noche salió con Martín Castellucci, Gabriel Arroyo, Juan Cruz Durañona y una amiga de nombre Florencia desde la Capital Federal hacia el “boliche La casona” de Lanús, siendo que al llegar a la puerta existían varias colas para el ingreso, intentando hacerlo por la del medio, no permitiéndole al testigo el acceso, indicándole que se colocara en otra fila de personas mientras que ve que Martín ingresa, pero vuelve a salir al ver que el declarante se quedaba afuera.
Agregó que esperaron un tiempo, entrando Martín, luego de lo cual vio un tumulto y que su amigo caía al piso, fuera del local, siendo más tarde arrastrado por un par de personas hasta un cantero, advirtiendo que sangraba y convulsionaba, coincidiendo con Aguilar en cuanto a lo sucedido al arribar la ambulancia, impidiéndole un policía subirse a la misma.
En cuanto al lugar del hecho, he considerado especialmente las fotografías obrantes a fs. 92/93 y 264/272, que muestran detalladamente los sitios mencionados por los testigos presenciales y el informe planimétrico de fs. 260/263 en el mismo sentido.
Zanjadas las cuestiones probatorias relativas al lugar y el tiempo, corresponde me aboque a las circunstancias del modo.
A ello se refirieron durante el debate los testigos Romina Villalba, Hugo Ricardo Zamorano y Diego Manuel Quinteros.
La primera de los nombrados dijo que ese día concurrió a la discoteca “La casona” junto a tres amigas, y los jóvenes Hugo, Diego y Carlos, colocándose en una de las filas, impidiéndoles entrar a la declarante y a los tres últimos.
Explicó que ante ello y luego de hacer una de las hileras de personas, eran reubicados en otra, corriendo igual suerte más tarde, con lo que permanecieron en la puerta del local unos cuarenta y cinco minutos.
Fue entonces que un joven que estaba con un amigo se acercó a un empleado del comercio preguntándole cuándo iban a entrar, viendo que el sujeto lo tomaba de una oreja y el joven le recriminaba esa actitud, momento en que el empleado, al que se refirió como “patovica”, le pegó dos “piñas” en la cara, detallando que luego de la primera fue que el agredido “perdiera el conocimiento”, golpeándolo con el puño nuevamente en el rostro, inmediatamente después de lo cual sonó la cabeza contra la vereda.
La testigo fue precisa al relatar cómo sucedió el hecho y su percepción del altísimo grado de violencia empleado en los golpes asestados y de la inmediata evidencia de los daños causados en la víctima, lo que trataré específicamente en una ulterior cuestión.
A preguntas que se le efectuaron, Villalba refirió que el importante número de personas que se hallaban concentrados en la entrada de la discoteca estaban tranquilos, no viendo que alguien, y especialmente el agredido, insultara, agrediera o le faltara el respeto a otro.
Por último, se refirió a cómo el joven que cayó fue trasladado hacia un cantero, arribando una ambulancia más tarde, detallando distintas alternativas de lo ocurrido aquella madrugada, que serán recreadas de corresponder.
A su turno, el testigo Hugo Ricardo Zamorano, que se hallaba al lado de Romina Villalba al momento del hecho, dio precisiones sobre lo ocurrido aquella noche desde que arribara a “La Casona” junto a sus amigos, siendo la primera vez que lo hacía, colocándose en la fila principal, a la que llamó de ingreso “normal”, no permitiéndole entrar, siendo reubicado en la fila de los “rebotados”, reiterándose la situación en un par de oportunidades más.
En esa circunstancia, narró la misma secuencia que Villalba. Dijo haber visto cómo sacaban de una oreja a un joven que, al pedir explicaciones, es golpeado por un sujeto a la cara con sendos puñetazos, cayendo pesadamente en la vereda.
En cuanto a los golpes que presenciara, señaló que fueron dados con el puño y directos al rostro, rápidos y fuertes, quedando el receptor “noqueado” con el primer puñetazo, y tendido en suelo tras el segundo. Preguntado por las partes sobre la zona precisa de impacto, agregó “uno fue frontal y uno al maxilar” (sic).
Coincidiendo con su compañera, relató que la persona en el piso estaba “desmayada, prácticamente sin reflejos, perdiendo sangre por la nariz” (sic) y que antes de la golpiza no había visto que golpeara, insultara o escupiera a nadie.
El tercer integrante del grupo, Diego Manuel Quinteros, coincidió plenamente con los testimonios de Villalba y Zamorano, razón por la que no he de recrear los dichos que valoro en el mismo sentido.
Las declaraciones juramentadas referidas acreditan vastamente, a mi criterio, lo sucedido en el momento preciso en el que dos violentos puñetazos impactan en el mentón y en el rostro de Martín Castellucci, a consecuencia de los cuales cae al piso.
Siguiendo con el desarrollo secuencial de los fundamentos probatorios del fáctico enunciado inicialmente, corresponde analizar la repercusión de la agresión sufrida por la víctima y, finalmente, la relación con su muerte.
Valoro para ello los informes médicos forenses de fs. 19 y 32 en cuanto constatan la existencia de las lesiones externas y los estudios que revelan las internas, durante el tiempo de internación; la historia clínica obrante a fs. 179/242 en la que se detalla el cuadro clínico y las prácticas médicas efectuadas para revertirlo; el informe de operación de autopsia de fs. 139/141 que señala la existencia de equimosis y herida contusa en la cara, a la altura de los labios y en la región submentoniana y fracturas de cráneo, lo que produce la muerte que se certifica con el acta de defunción de fs. 1104.
Las objetivas comprobaciones que surgen de las piezas procesales enunciadas, han sido consideradas por los médicos legistas Alfredo Romero y Francisco Famá que suscriben el informe de fs. 830/836 incorporado al debate por su lectura, y en el que técnicamente se analizan las lesiones que llevaron a la muerte y su posible modo de producción, coincidiendo plenamente con la mecánica probada más arriba.
Al declarar ante el Tribunal, el Dr. Francisco Jorge Famá, luego de hacer saber al Tribunal sus más de treinta y cinco años de experiencia como médico legista, explicó con claridad que, según lo que pudo estudiar del caso, la muerte de Martín Castellucci se debió a una hemorragia cerebral y que las lesiones que externamente se evidenciaban en la región submentoniana y del labio superior, e impresionaban como dos golpes distintos, eran capaces de crear la hemorragia subaracnoidea.
En cuanto al golpe que hubiera sufrido el nombrado al caer, dijo que podría corresponderse con un traumatismo en la zona parieto-occipital derecha, agregando que los traumatismos en la región occipital izquierda pueden darse de “contragolpe”.
Aclaró en tal sentido que la mecionada hemorragia subaracnoidea y la lesión de los polos frontales obedecen a un desplazamiento “en cizalla” de las partes internas, es decir, que por las especiales características del cráneo, las lesiones internas ocurren en un lugar distinto al del impacto que las produce.
Sin perjuicio de considerar el galeno que las lesiones producidas por golpes de puño desnudo son adecuadas para causar por sí la muerte de una persona; en lo particular, explicó que no habiéndose detectado ninguna lesión de defensa en la víctima que además poseía cierta grado de intoxicación alcohólica, debía concluir que los golpes al mentón y al rostro determinaron la pérdida de conocimiento e inmediata caida lo que provocó las lesiones mencionadas.
A preguntas de la Defensa, el Dr. Famá desestimó la posibilidad de que el grado de intoxicación alcohólica verificado hubiera influido siquiera mínimamente en la evolución del cuadro clínico de la víctima.
Con lo expuesto, encuentro probados cada uno de los extremos del hecho tal como lo enunciara inicialmente y que se corresponde con la intimación hecha oportunamente al acusado y lo sostenido por el representante del Ministerio Público Fiscal en el alegato final.
Es a esta altura evidente que no he receptado la postura del imputado, en cuanto dijera al Tribunal que aquella madrugada puso manos en la víctima pero ante insultos y una agresión física, limitándose a pegar un “cachetazo” que ejemplificó mostrando el revés de su mano abierta.
Si a los dichos concordantes de quienes vieron la acción dañosa, y las actas valoradas junto a consideraciones médicas que señalan la idoneidad de dicha conducta para causar la muerte, se le agregan los testimonios de Nahuel Arroyo, Adrián Barroso, Gerardo Teruel y Pedro Cabrera en cuanto pudieron aseverar que el joven damnificado no fue golpeado o lesionado desde que cayera al piso y hasta que fuera subido a una ambulancia con destino al Hospital, es para mi claro que la versión del encartado no encuentra sustento probatorio alguno.
Las demás argumentaciones vertidas en el debate en ejercicio del derecho de defensa serán consideradas a nivel de la calificación legal que corresponde dar al hecho precedentemente determinado.
Voto pues por la afirmativa, al ser ello mi sincera y razonada convicción.
(Los doctores Pedro Dardo Raúl Pianta y María del Carmen Mora comparten en su totalidad los argumentos expuestos)

SEGUNDA: ¿Lo está que el acusado José Segundo Lienqueo Catalán haya participado del hecho que se tuvo por probado?
A la cuestión planteada, el señor Juez, Doctor Puime expresó:
Es indudable que el presente interrogante debe ser afirmativamente contestado.
Para fundamentar la respuesta adelantada basta con señalar que quedó evidenciado en el juicio que la presente cuestión no fue motivo de una relevante controversia ya que, aunque negando haber desplegado la conducta del modo en que la he tenido como legalmente acreditada, el propio encartado y su esmerado defensor admitieron la participación de aquél en el hecho que derivara en el deceso del joven Martín Castellucci.
Dijo el encartado que aquella madrugada le aplicó un golpe a un joven hallándose al lado de una cortina que da a la vereda, siendo que unos minutos más tarde advirtió que en la calle, a un chico lo trasladaban entre varias personas. Este cuadro de situación coincide plenamente con el detallado por los testimonios valorados para fundamentar la existencia misma del hecho en cuestión, con los alcances explicitados.
Más allá de la contundencia convictiva que razonablemente contiene la circunstancia aludida, y sin perjuicio de los motivos que he desarrollado al tratar la cuestión anterior para desacreditar que el hecho juzgado haya ocurrido del modo en que lo relatara el procesado, he de agregar que los testigos Romina Villalba y y Hugo Zamorano no sólo afirmaron que la persona que golpeara brutalmente a la víctima de autos era uno de los porteros del local bailable “La casona”, sino que además describieron de un modo conteste su vestimenta, y lo que es aún más importante, efectuaron una descripción física que resulta totalmente compatible con los rasgos fisonómicos del imputado de autos.
Se agrega a lo señalado que el testigo Adrián Ríos admitió ante el tribunal y las partes haber observado el momento en que el imputado golpeó a un joven.
A su turno, José Fernando Calveiro, que trabajaba en una remisería ubicada frente al local bailable “La casona”, expresó que al día siguiente de acaecer el hecho juzgado trasladó a dos individuos de sexo masculino que laboraban en dicho sitio, escuchando en esa oportunidad que el de más edad recriminaba al más joven de haber golpeado a alguien, respondiendo quien lo acompañaba “Yo no sirvo para hablar, sirvo para pegar” (textual).
Este testigo explicó que pudo oír que sus pasajeros mencionaban trasladarse hasta el estudio de un abogado con el que los había vinculado el dueño del local bailable aludido, y que el de mayor edad manifestaba que trabajaba en un colegio por cuyo frente circularon y, en lo que aquí interesa, precisó que la persona que dijo la frase que textualmente he reeditado era la más joven, quien vestía una remera negra sobre la que lucía una cadena que tenía un guante de box, que luego el testigo refirió que era idéntica a la que se ve en la fotografía incorporada al debate por su exhibición, siendo la portada de una publicación denominada Ring Side (fs. 306, anexo IV).
La situación narrada por el testigo Calveiro se corresponde con los dichos por el imputado en cuanto expresó haber concurrido con Jorge Romano, el otro portero que la noche del hecho desempeñaba junto a él funciones en el comercio “La casona”, al estudio de un abogado en la localidad de Adrogué en un remisse, y que su acompañante era profesor de un colegio.
Es así evidente que las únicas personas dependientes del local ubicadas en el lugar y al momento del hecho eran Lienqueo Catalán y Romano, quedando plasmadas las notables diferencias fisonómicas entre ambos, lo que da especial relevancia a la descripción entregada al Tribunal por los testigos nombrados más arriba.
Es por lo expuesto que voto positivamente esta cuestión por ser ello fruto de mi sincera y razonada convicción.
Artículos 371, inciso segundo, 373 y 210 del Código de Procedimiento Penal.
(Los doctores Pedro Dardo Raúl Pianta y María del Carmen Mora comparten en su totalidad la conclusión expuesta)

TERCERA: ¿Existen eximentes?
A la cuestión planteada, el señor Juez Doctor Puime expresó:
No han sido planteadas por las partes y no advierto que existan. En relación a la apreciación de la conducta del procesado según sus dichos, en cuanto a haber sufrido un ataque leve previo a golpear a la víctima, la cuestión ha sido respondida en el interrogante referido a la exteriorización material del hecho.
Valoro asimismo el examen mental del imputado obrante a fs. 1280, en cuanto el perito psiquiatra informa que no ha detectado signos que permitan vislumbrar la existencia de deficiencias intelectuales o alteraciones orgánicas que merezcan su tratamiento para responder al interrogante planteado razón por la que votaré por la negativa al ser ello mi sincera y razonada convicción.
Artículos 34 inc 1º del Código Penal y 371 inciso tercero, 373 y 210 del Código de Procedimiento Penal.
(Los doctores Pedro Dardo Raúl Pianta y María del Carmen Mora comparten estos fundamentos)

CUARTA: ¿Median atenuantes?
A la cuestión en tratamiento el Doctor Puime dijo:
He de computar como atenuantes el buen concepto que, con relación al imputado, exteriorizó el testigo Adrián Barroso quien señaló que para él, Lienqueo Catalán era una buena persona y un buen padre.
También considero razonable que, como lo postuló el Magistrado requirente, se compute en el sentido indicado la carencia de antecedentes condenatorios del procesado tal como fehacientemente acredita el informe del Registro Nacional de Reincidencia de fs. 544.
No he de receptar el sentido relativo que pretendiera el acusador privado darle a diche extremo, dado que no puede cargarse en la cuenta del encartado la inexistencia de pronunciamientos jurisdiccionales por hipotéticas conductas disvaliosas anteriores al hecho que nos ocupa y ajenas al proceso.
Voto por lo expuesto positivamente a la cuestión planteada al ser ello fruto de mi sincera y razonada convicción.
Artículos 40 y 41 del Código Penal; 371 inciso cuarto, 373 y 210 del Código de Procedimiento Penal.
(Los doctores Pedro Dardo Raúl Pianta y María del Carmen Mora votan en igual sentido que el preopinante)

QUINTA: ¿Median agravantes?
A la cuestión planteada, el Dr. Puime dijo:
Sin perjuicio de remarcar que el Derecho Penal Liberal impide que para mensurar la sanción a imponer se efectúe cualquier tipo de distinción respecto del valor de las vidas humanas, a tenor de lo normado en el artículo 41 inciso 1º del Código Penal, computaré como agravante la edad de la víctima de autos, ya que esa circunstancia evidentemente repercutió severamente a modo de extensión del daño causado, tal como quedara evidenciado en las declaraciones testimoniales de Ana María Herrera y Pablo Oscar Castellucci, madre y hermano de la víctima.
Contrariamente, por las consideraciones que efectué al tratar una cuestión anterior, no considero pertinente agravar la pena a imponer sosteniendo que el autor actuó al amparo de una organización violenta y discriminatoria ya que Lienqueo Catalán tenía un rol lesivo pero absolutamente secundario en la misma, y de ninguna manera puede concluirse razonablemente que haya influido en su conformación.
En ese marco, la característica de personalidad violenta y primitiva que surge del examen mental de fs. 1280 y las circunstancias invocadas como agravantes por los acusadores particulares en cuanto al posible placer que le causara al imputado el ejercicio de las funciones que le fueran asignadas, a la luz de un derecho penal de acto, no pueden ser consideradas en el sentido pretendido.
Así lo voto al ser ello mi sincera y razonada convicción.
Artículos 40 y 41 del Código Penal; 371 inciso quinto, 373 y 210 del Código de Procedimiento Penal.
(Los doctores Pedro Dardo Raúl Pianta y María del Carmen Mora votan en igual sentido)

VEREDICTO
En mérito del resultado que arroja la votación de las cuestiones precedentemente planteadas y decididas, el Tribunal pronuncia VEREDICTO CONDENATORIO respecto del imputado José Segundo Lienqueo Catalán, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por el hecho traído a conocimiento.
Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces:
Guillmero Federico Puime, Pedro Raúl Dardo Pianta, María del Carmen Mora.

Acto seguido, a los efectos de dictar SENTENCIA y prosiguiendo con el mismo orden de sorteo, se plantean las siguientes
CUESTIONES

PRIMERA: ¿Qué calificación legal corresponde dar al hecho por el que ha recaído veredicto condenatorio?
A la cuestión planteada el Dr. Puime dijo:
Propongo al Acuerdo la conducta por la que ha recaído el veredicto condenatorio como constitutiva del delito de homicidio según la disposición del artículo 79 del Código Penal, entendiendo que se halla completo tanto en su aspecto objetivo como subjetivo. En efecto, Lienqueo Catalán produjo la muerte de otro mediante el empleo de un medio lesivo adecuado para la producción de tal resultado, dirigido a una zona vital del cuerpo de la víctima, actuando con conocimiento y voluntad de todas las circunstancias del tipo legal citado.
Sin perjuicio que analizaré más abajo los motivos que me llevan a desestimar la postura de la Defensa acerca del carácter preterintencional de la conducta juzgada, señalaré que, siempre en mi criterio, Lienqueo Catalán ha actuado con dolo eventual, al golpear severamente al mentón y rostro a Martín Castellucci quien, ya sin reacción posible, cayó al suelo, ocasionándole lesiones de tal magnitud que pese a la aplicación de los procedimientos médicos correspondientes le acarrearon la muerte.
He dicho en múltiples pronunciamientos que existe dolo eventual cuando el sujeto activo se representa y acepta seriamente la posibilidad de que con su conducta producirá un efecto lesivo para un bien jurídico ajeno y, no obstante ello, despliega la misma.
Así, si el sujeto advierte el posible curso lesivo de su conducta y confía que podrá evitarlo no actúa con dolo eventual, siempre que su confianza en la evitación esté confirmada por datos objetivos, lo que en el caso no se ha verificado pues, por el contrario, el causante aplicó dos puñetazos con conocimiento de la capacidad letal de ellos, sin importarle la caída inerte del agredido y sus consecuencias, despreocupándose de la posterior asistencia a la víctima.
Enseña Zaffaroni que “… habrá dolo eventual cuando, según el plan concreto del agente, la realización de un tipo es reconocida como posible, sin que esa conclusión sea tomada como referencia para la renuncia al proyecto de acción”” (Eugenio Raúl Zaffaroni, Manuel de Derecho Penal, Parte General, Editorial Ediar, año 2000, página 500).
He valorado una serie de circunstancias que fundamentan mi voto en cuanto a la verificación del dolo eventual de homicidio en la conducta del acusado y, a su vez, desestiman la aplicación del tipo penal preterintencional.
Así, el hecho de haber el imputado obtenido la licencia de boxeador y haber combatido, tal como reza el oficio de fs. 1159 de la Federación Argentina de Box. Más allá de las largas discusiones que se sucedieron en las audiencias acerca del grado de profesionalismo que pudiera haber alcanzado, es evidente que el haber adquirido la técnica para golpear a otro con el fin de dejarlo fuera de combate le otorga la posibilidad de emplear sus puños como un arma si se lo propone.
Tan es así que, aún cuando intentara alejarse de esa situación, el acusado dijo al Tribunal que “si me agarra un boxeador profesional me destroza”.
Por otra parte, el testigo Acuña recordó que Lienqueo Catalán iba al gimnasio de su propiedad a entrenar y que se desempeñó como profesor de boxeo en dicho lugar. Sin perjuicio de aclarar que no se enseñaba allí boxeo propiamente dicho, pues no había contacto físico, afirmó que por haber tenido con anterioridad otro profesor, y según sus conocimientos, el nombrado conocía muy bien las características de ese deporte.
El testigo Garzón Funes ilustró acerca de la letalidad de ciertos golpes como el “uppercut”, de arriba hacia abajo y directo al mentón, y de cómo las reglamentaciones del boxeo han ido evolucionando hacia mayores protecciones en manos y cabeza para evitar fatalidades.
La realidad de los hechos indica que no se requerían conocimientos especiales para advertir el grado de lesividad de los potentes y certeros golpes asestados por el imputado. Los testigos presenciales Villalba, Zamorano y Quinteros fueron contestes en afirmar que al ver la escena se dieron cuenta del enorme grado de violencia empleado, aclarando la primera que los golpes “eran directamente para matarlo”.
El testigo Adrián Ríos, empleado de la discoteca “La casona” y compañero del encartado, dijo que el joven salió despedido fuera de la cortina y que la gente en la calle hizo una exclamación de asombro.
Considero asimismo que, por el rol que cumplía al momento del suceso el acusado y dado su contacto cotidiano con miles de jóvenes y adolescentes, era evidente la imposiblidad de defenderse o asimilar una golpiza por parte de un muchacho de un metro ochenta centímetros de altura y menos de sesenta kilogramos, con evidentes signos de haber ingerido sustancias alcohólicas.
En cuanto al aspecto objetivo relativo a la eficacia de la violencia empleada para causar la muerte, ha sido motivo de desarrollo en la primera cuestión del veredicto por formar parte del fáctico, remitiéndome a los dichos en la audiencia del médico legista Famá, en su informe suscripto junto al forense Romero de fs. 830/836 y el informe de opoeración de autopsia de fs. 139/141.
A fin de evitar reiteraciones, diré que lo expuesto en los párrafos precedentes resulta suficiente para responder a la defensa en cuanto a que no se dan los extremos previstos por el artículo 81 inciso 1 b) del Código Penal, toda vez que los medios empleados para causar daños en el cuerpo de la víctima que le produjeron la muerte, razonablemente iban a hacerlo, siendo tal circunstancia conocida por el autor.
Es a esta altura evidente que no he receptado en su totalidad la postura de los representantes de los particulares damnificados en lo que hace a la cuestión del tratamiento.
Así, se propugnó la existencia del concurso del tipo penal de homicidio -coincidiendo en cuanto al dolo eventual- y las lesiones gravísimas agravadas por la alevosía en los términos de los artículos 54, 79, 80 inc. 2º, 91 y 92 del Código Penal.
Entiendo que dicha significación jurídica encuentra un primer escollo en que ciertos elementos típicos no han sido oportunamente intimados, lo que no puede subsanarse a nivel de la calificación legal y a esta altura del proceso.
Aún haciendo abstracción de lo apuntado, la conducta del acusado no puede ser dividida asignándole una intención disvaliosa a cada uno de los dos golpes que aplicara a la víctima.
Ello así pues, no se ha probado que hubiera en el autor dos finalidades distintas para cada uno de sus golpes, en cuyo concurso hubiera sido material, siendo que los testigos presenciales fueron contestes en afirmar que fue una secuencia rápida. Al tratarse entonces de un solo hecho, el tipo penal de lesiones gravísimas está abarcado por el de homicidio, por lo que concurso resulta aparente, no hallándose comprendido en la disposición del artículo 54 del Código Penal.
Así lo voto, al ser ello mi sincera y razonada convicción.
Artículos 45 y 79 del Código Penal, 375 inciso primero, 373 y 210 del Código de Procedimiento Penal.
(Los jueces doctores Pedro Dardo Raúl Pianta y María del Carmen Mora adhirieron al voto del doctor Puime).

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Sobre este tópico el Señor Juez Doctor Puime dijo:
Atento el Veredicto condenatorio y calificación legal sustentada, por el hecho de autos, teniendo en cuenta las pautas mensurativas valoradas en la presente, propongo a mis Colegas aplicar en relación al acusado la pena de 11 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por ser el autor del delito de homicidio.
EL señor Agente Fiscal en el Juicio, demostrando que la vehemencia con la que se desempeñó a lo largo del debate en nada afectó su objetividad, impuesta antes por sus convicciones que por la ley, estimó adecuado un monto apenas inferior al que propugno.
El Magistrado requirente realizó ciertas consideraciones relativas a la finalidad de la pena, en mi criterio adecuadamente, coincidiendo en que debemos apartarnos de una sanción cuyo contenido sea puramente retributivo, pues la evolución del pensamiento del hombre en la materia se ha dirigido siempre tendiendo a evitar que el sentimiento de venganza que naturalmente puede surgir en quienes son o se consideran pasibles de ser víctimas, se apodere de los encargados de administrar justicia, siempre pensando en cada una de las personas de una sociedad para la que deben ser recuperados los acusados.
En esa línea de pensamiento, podríamos decir que el mejor ejemplo para la comunidad es que a una conducta criminal se corresponda una pena legalmente impuesta.
Como se desprende de la propuesta punitiva que he formulado, no he de ceñirme a la pretensión que al respecto planteara el Sr. Magistrado requirente, entendiendo que me encuentro habilitado a ello en virtud de la postura que, con relación al tópico, asumieron los representantes de los particulares damnificados, quienes ampliaron de tal modo la pretensión punitiva que este órgano jurisdiccional tiene como límite a la hora de sentenciar.
Sin embargo, tampoco puedo adherir a la petición final pues no he receptado el concurso de delitos que se sostuvieran por las razones expresadas en la cuestión respectiva.
La cuestión acerca del alcance de la acusación particular ha sido tratada y decidida por este Tribunal en los precedentes “Cabrita” -causa nº 2126/5- y “Bernasconi” -causa nº 2409/5- sosteniendo que el particular damnificado posee durante el juicio autonomía de gestión procesal, teniendo la posibilidad de participar en el debate activamente, estableciendo los lineamientos de su función acusadora, proponiendo y oponiéndose a la producción de la prueba, interrogando a los testigos y, por último, perfeccionando su acusación.
La reciente reforma de la ley 13.943 convalida la postura explicitada al otorgar al ofendido, constituido en particular danmificado, la capacidad para sostener la acusación aun cuando fuera desistida por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Los letrados de los particulares damnificados estimaron que, además de la pena de prisión, correspondía imponer el máximo de inhabilitación especial en virtud de lo dispuesto por la ley nacional nº 26.370 y provincial 13.964 de adhesión al régimen instaurado por la primera.
Las leyes mencionadas fueron sancionadas y promulgadas recientemente y con posterioridad al acaecimiento del hecho que aquí se juzga, razón por la que no puede imponerse una inhabilitación especial, en su caso por aplicación del artículo 20 bis inc. 3º del Código Penal, sin perjuicio de lo cual, toda vez que la ley nº 26.370 establece reglas para la habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general, corresponderá declarar que el hecho por el que recayera el veredicto condenatorio fue cometido en el desempeño de la actividad regulada por dicha ley, a los fines previstos en su artículo 8º inc. c).
Lo antedicho se relaciona íntimamente con la petición del señor Agente Fiscal en cuanto a la estrecha vinculación entre un acto de discriminación y el cruento suceso que motivara este juicio.
En tal sentido, como valorara en la primera cuestión del veredicto, el testigo Arroyo expresó que al llegar a la puerta de la discoteca existían varias colas para ingresar, intentando hacerlo por la del medio, no permitiéndole al nombrado el acceso, indicándole que se colocara en otra fila de personas, viendo que a su amigo Martín sí le permitían el acceso y que, pese a ello, salía para acompañarlo afuera, e intentar ingresar a través de la cola de los rechazados. Y es entonces que Martín vuelve a ingresar, llamando a su amigo para que también lo hiciera, momento en el que es golpeado brutalmente.
Acerca del hecho objetivo de la existencia de distintas filas, conteniendo una de ellas a los llamados “rebotados” y del infructuoso intento de ingresar varias veces a través de esta hilera, siendo ello negado sin motivos aparentes, ilustraron Romina Villalba, Hugo Ricardo Zamorano y Diego Manuel Quinteros quienes, en tales circunstancias, fueron testigos de la conducta delictiva.
Si bien múltiples testigos se refirieron a la cuestión, he de citar algunos que conocían el ámbito interno de las decisiones y al propio acusado en referencia a los criterios para la formación de las distintas filas de personas en el exterior de la discoteca.
Adrián Pedro Barroso, empleado de la agencia de seguridad privada que prestaba servicios en el local, mencionó que existían motivos para negar el ingreso de los asistentes al baile, recordando algunos referidos a la vestimenta inadecuada; ampliando Hugo Luis Wanusse, gerente de dicha empresa, que la admisión estaba a cargo de los empleados de la discoteca y que se “cuidaba” el ambiente”, detallando que el dueño del lugar, Atilio Amado, se ocupaba personalmente de determinar quién o quiénes podían o no entrar.
Lienqueo Catalán, que estaba a cargo del primer control de admisión, fue el más explícito al mencionar que todo el mundo comentaba acerca de hechos de discriminación en el lugar y que en la puerta de adentro, donde estaba el referido Amado, a los “obesos, feos o morochos como yo, no los dejaba pasar”. (textual)
Respecto a esto último, en iguales términos se expresó Gabriel Damián Ochoa quien, además, dijo haber sido víctima de una golpiza en 1999 por parte del personal de seguridad o “patovicas” de la discoteca.
En este sentido, hemos escuchado a una serie de testigos que sufrieron personalmente o refirieron agresiones por parte de empleados del comercio “La casona”.
Así, Rubén Omar Braveti, quien se encontraba presente al momento de ser agredido Ochoa; Eduardo David Aibar y Damián Cabano, quien dijo haber sido golpeado tan ferozmente que le fracturaron la mandíbula, lo que fue corroborado por su padre Francisco Cabano.
Los hermanos Raúl Ricardo y Florencia Silvia Aramburu relataron un episodio en el que el primero fue golpeado e incluso mordido por personal de “La casona”, siendo la segunda testigo de ello.
En todos lo casos, los declarantes mencionaron la presencia de personal policial en el lugar de los hechos, siendo su actitud de colaboración con los agresores o de total inacción, según el caso.
Coincido plenamente con la postura que sostuviera el Sr. Fiscal de Juicio ya que los testimonios que me he ocupado de reeditar han permitido constatar que en el local bailable denominado “La casona” se instrumentó un deplorable sistema de admisión de ingreso, inspirado en evidentes prejuicios de índole racista y clasista, en base al cual no sólo era válido impedir el ingreso de aquellas personas que no se adecuaban al estereotipo admitido sino que, además, de resultar necesario, habilitaba el uso de la violencia extrema contra las mismas.
Asimismo, las pruebas aludidas demostraron certeramente que, como es obvio, para instrumentar ese repudiable e ilegal método de admisión, debió contarse con la activa participación del responsable legal de dicho local de esparcimiento nocturno y, en su caso, de determinados miembros de la policía provincial que, necesariamente debieron omitir la realización de actos propios de sus funciones específicas.
Recreando de algún modo lo expresado al tratar la quinta cuestión del veredicto, es evidente que, en ese marco, sin perjuicio de la enorme gravedad que revistió la conducta por la que se lo juzga, dada la función de portero y sus condiciones personales, no resulta razonable acentuar la responsabilidad por la instrumentación aludida en la persona del procesado Lienqueo Catalán quien, apremiado por necesidades económicas, buscó un trabajo y, como suele ocurrir, de un modo tosco exteriorizó con su actuar, la violenta y discriminaroria organización que, de ningún modo, pergeñó.
Entiendo, en síntesis que, con las consideraciones aludidas dejo a salvo el fin pacificador que, por imperio constitucional, debe presidir toda aplicación de la ley penal, sin perjuicio de subrayar, como lo adelanté, comparto la valoración que, en cumplimiento del rol de custodio de la legalidad, efectuara el Sr. Magistrado requirente, ya que precisamente esa obligación de custodia constitucional que también debo ejercer me impone resaltar que situaciones como las legalmente acreditadas controvierten severamente no sólo los postulados humanistas que emergen del sistema republicano de gobierno que garantiza el artículo 1º de nuestra Constitución Nacional, sino además se vulnera palmariamente las normas de los artículos 16 y 42 de dicha Carta; 11 de la Constitución Provincial, y inciso 1º, 2 incisos “b” y “d”, y 5 inciso “f” y concordantes de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que integra nuestra Ley Fundamental.
No he de soslayar una cuestión que puede desprenderse de los testimonios más arriba valorados y que se vincula con la incorporación por lectura o exhibición al debate de una serie de investigaciones penales preliminares en las que se plasmaron las denuncias de los antes nombrados, a requerimiento del representante del Ministerio Fiscal.
Si bien, como dijera, se ha demostrado la existencia de una estructura en la que particulares vinculados con funcionarios policiales, violaban la ley en aras del progreso económico de una empresa, paradójicamente destinada al esparcimiento; las rutinas judiciales fueron incapaces de vislumbrar en hechos, que en el universo de los delitos a investigar se consideran “menores”, la magnitud del conflicto social.
Me constan los esfuerzos de las más altas autoridades del Ministerio Público a nivel Provincial y Departamental, así como de muchos Fiscales, siendo ello notorio en la actuación del Dr. Bettini Sansoni, para lograr que situaciones como las referidas por los testigos mencionados lleguen a un pronunciamiento judicial.
Sin embargo, es preciso de cara a la sociedad, admitir que no siempre ello es así y que resulta necesaria la participación ciudadana para obtener una respuesta de las instituciones de la República.
Por último, entiendo corresponde diferir las regulaciones de los honorarios de los profesionales intervinientes para el momento en que acrediten las inscripciones en los organismos respectivos.
Así lo voto por ser ello mi sincera y razonada convicción.
Artículos 5, 12, 29 inciso 3º, 40, 41, 45 y 79 del Código Penal y artículos 530, 531 y 375 del Código de Procedimiento Penal.
(Los Señores Jueces doctores Pedro Dardo Raúl Pianta y María del Carmen Mora votaron en idéntico sentido).

Con lo que terminó el acto, firmando los Señores Jueces:
Guillermo Federico Puime, Pedro Dardo Raúl Pianta y María del Carmen Mora.

SENTENCIA

Lomas de Zamora, 13 de abril de 2009

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal FALLA:

I. CONDENANDO a JOSÉ SEGUNDO LIENQUEO CATALÁN, con DNI Nº 26.934.536, de 30 años de edad, soltero, instruído, empleado, argentino, nacido el día 19 de octubre de 1978, en Capital Federal, domiciliado en la calle Ruíz de Ocaña Nº 4321, de la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús, hijo de Segundo Lienqueo y de Marta Catalán, a la pena de ONCE AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS DEL PROCESO, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio, hecho ocurrido el día 3 de diciembre de 2006, en la localidad y partido de Lanús, en perjuicio de Martín Castellucci.
Artículos 5, 12, 29, inciso 3º, 45 y 79 del Código Penal y artículos 530, 531 y 375 del Código de Procedimiento Penal.
II. – DECLARANDO que el hecho por el que recayera veredicto condenatorio fue cometido en el desempeño de la actividad regulada por la ley 26.370, a fines previstos por su artículo 8º, inc. c)
III.- DIFIRIENDO la regulación de los honorarios del profesionales actuantes hasta la comunicación de la posición de los mismos ante los organismos oficiales.
Cúmplase con lo dispuesto por el artículo 22 de la Acordada 2840 de la S.C.J.P.B.A. y téngase por cumplido lo normado por el artículo 83 inciso 3º del Código Adjetivo con la notificación de la presente a la parte damnificada.
Regístrese, comuníquese y, consentida que sea, remítase al órgano de ejecución a los fines correspondientes.
Téngase por formalmente notificados al Sr. Agente Fiscal de Juicio, a los particulares damnificados, al Sr. Defensor Particular y al imputado con la lectura e la presente por Secretaría (artículo 374 del Código de Procedimiento Penal).

5 comentarios
  1. Toda mi solidaridad para los padres, familiares y amigos de Martín. Su lucha por la verdad ha conseguido un fallo, que nunca alcanzará a cubrir tan preciada pérdida, pero que de alguna manera ofrendan a su hijo como otro acto de amor.

    Nora, mamá de Cecilia, fallecida en Cromañón

  2. Un abrazo grande a toda la familia en este momento tan difícil, especialmente a Laura por la fuerza y la convicción con la que siempre la vimos pelear. Todavía hay mucho por hacer. No aflojes!!

  3. Toda nuestra solidaridad para ustedes, una vez más mostraron que luchando “se puede conseguir justicia”.
    Sigan adelante con el proceso que todavía les falta, para que de una vez por todas Martín pueda descansar en paz.
    Él los estará guiando seguramente para que puedan seguir sin parar.
    Lamentamos mucho no haber podido acompañarlos personalmente, pero sepan que estamos con ustedes siempre, y que seguiremos apoyando el que se haga justicia por nuestros hijos.
    Familia de Francisco F. Gomez, fallecido el 6 de octubre de 2007 por mala praxis en el Sanatorio Otamendi

  4. Al Señor Oscar Castellucci:
    Señor Oscar, soy Iván Gigirey, estudiante de arte, tengo 22 años…
    Varias veces le he mandando e-mail’s a la Asociación.
    Yo cuando concurría casi todos los sábados de 2006 a “La casona” con mi amigo, nos tocaba la discriminación (como al amigo de Martín).
    Las primeras veces Atilio nos preguntó de dónde eramos, y como le decíamos que éramos de Pompeya -la verdad-, nos cobraba $25 o $30, la mayoría de la veces; y una vez a mi amigo le cobraron $75… y le tuve que prestar sino… nos quedabamos sin noche… Pero en octubre y noviembre empezamos a ir con ropa de casamiento: traje, zapatos y hasta corbata (ropa para salón); las primeras veces le respondia que era de Palermo Hollywood y mi amigo de Belgrano -lo cual era mentira- y nos cobraban sólo $10 a cada uno. Y un día estábamos en la fila, cerca del restaurante que está en la esquina de Av. Yrigoyen (Pavón) y la gente nos veia “raros”, pero Atilio nos vio haciendo fila, y le dijo a un patovica: “A los ‘empresarios’ hacelos pasar gratis”. Adentro nos seguían todos pensando que vendíamos, ésa era la peor parte. Por tener traje pasamos gratis. Los siguientes sábados pasábamos gratis, sin hacer fila.
    Por supuesto, no estoy de acuerdo con que le den SOLO 11 años a este “animal”.
    Ni tampoco 18 años…
    Se merece, cadena perpetua …
    Pero en este país no podemos esperar mucho de la Justicia, porque al pobre que roba una docena de huevos lo meten 2 años; a un pibe que va caminando por Valentín Alsina buscando un remis lo confunden con un chorro y lo tiran al Riachuelo a las 2 AM (Ezequiel Demonty), y el que “tiene Licencia para matar” (como dice León Gieco) está gozando de este sol allá afuera…
    Pero también espero que Atilio Amado y esos dos policías también se lleven su merecido… también los considero no personas sino “ANIMALES”…
    Familia Castellucci, los acompaño con todo mi corazón.
    Cordialmente
    Iván Gigirey

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