UNA NUEVA VUELTA EN EL INTERMINABLE RECORRIDO DE LA CAUSA JUDICIAL POR EL ASESINATO DE MARTÍN

El lunes 22 (mañana), a las 10, estaremos una vez más en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Hemos sido citados por la Jueza del Juzgado Correccional Nº 8, doctora Nora Alicia Martini, para la audiencia prevista en el Art. 338 del C.P.P. por la causa caratulada “Messina, Cristian Javier s/ violación de deberes de funcionario público (Nº 002443). Asistirán como particulares daminificados en esa causa Ana Herrera y Oscar Castellucci, acompañados por sus abogados los doctores Martín Florio y Carlos Espinosa.

Cristian Messina es uno de los dos efectivos de la policía bonaerense en cuya presencia se cometió el asesinato de Martín (diciembre de 2006) sin que tuvieran otra actuación que la de correr ellos mismos su cuerpo hasta un cantero para que la gente pudieran seguir entrando al bioliche “La casona”. No evitaron la agresión, no detuvieron al agresor, no recabaron ni aceptaron testigos del hecho. Messina sigue revistando como efectivo en la fuerza.

El otro policía que estaba con él cumpliendo también las funciones de “adicional” en la puerta de la disco de Lanús -con su uniforme y arma reglamentaria, claro-, era Guillermo Guzmán, quien fuera separado inmediatamente del cuerpo, por orden del entonces Ministro de Seguridad, doctor León Arslanián, y condenado a dos años de prisión (en suspenso), el máximo de la pena por violación de los deberes de funcionario público, en un juicio abreviado (es decir, aceptó haber cometido el delito).

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Llegamos a esta instancia pasados más de seis años y cuatro meses del homicidio. Dicen que cuando la Justicia llega tarde se parece poco a la Justicia. En esto estamos gracias a los deliberados errores y decisiones de quien fuera fiscal en las primeras etapas de la causa, la doctora Marcela Juan, y por los que mereciera su promoción. Nunca dejaremos de arrepentirnos de no haber pedido su juicio político, cosa que en su momento no hicimos para no complicar más una causa que, cada vez, se veía más entorpecida. Ella fue la que tomó la decisión de separar la causa en tres (con el único objetivo de “proteger” con la demora a Atilio Amado): una, la que involucraba al asesino material, el “patovica” José Lienqueo Catalán; otra, a los policías (Guzmán y Messina); y una tercera, al dueño de “La casona”. De este modo, por un lado, desarticulaba nuestra estrategia judicial de un evidente hecho único (el asesinato de Martín) con distintos responsables; y, por otra, nos sumergía en tres instancias paralelas del laberinto judicial.

El asesino material, Lienqueo Catalán, el eslabón más débil de la cadena, fue prontamente condenado (y ratificada la condena) a 11 años y 9 meses de prisión. Pero ya goza de la posibilidad de “salidas educativas” y, a mediados del año próximo, ya estará en condiciones de solicitar la libertad condicional.

En tanto que, en esa segunda causa, los policías fueron imputados por una calificante infinitamente inferior (con nuestro desacuerdo obviamente): en lugar de homicidio (con penas de 8 a 25 años), por incumplimiento de los deberes de funcionario público (con penas de un mes a dos años, siempre en suspenso si no tuvieran antecedentes). Así, el caso de Guzmán.

Y, por fin, para quien se tomaron estas inexplicables e insostenibles decisiones con el solo objeto de garantizar su impunidad, el caso del dueño del boliche que, después de ser imputado por homicidio por una fiscal y un juez, y solicitada la elevación de la causa a juicio oral, sorpresivamente una Cámara de Apelaciones (la III de Lomas de Zamora) directamente lo sobreseyó, y ese sobreseimiento fue ratificado en casación. La causa, ahora, navega las tranquilas aguas de la Suprema Corte provincial. El tiempo, se sabe, nunca corre a favor de las víctimas ni, mucho menos, de la Justicia.

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